El país transalpino ha prorrogado los permisos de explotación hasta el 2020 de la mayoría de playas gestionadas por entes privados.Este tipo de distribución del uso de las playas ha sido duramente criticada por la Justicia Europea.Según datos del Sindicato Balneario (SIB), el 40% del litoral italiano está gestionado por empresas privadas, sumando un total de 30.000 ‘balnearios’. Por tanto, muchos italianos deben pagar simplemente por el hecho de acceder a la playa un precio que suele oscilar sobre los cinco euros, ya que la ley sólo establece una franja de cinco metros desde la línea de costa a la que los bañistas pueden acceder gratuitamente. Mientras que las asociaciones de consumidores lamentan la privatización de un bien común, la Justicia y las directivas europeas han condenado la renovación automática de las contratas. Por su parte, los empresarios alegan que se trata de una tradición en el país que debe ser protegida