Aena implantará a partir de enero de 2026 un sistema de cobro a los autobuses o guaguas de transporte discrecional por su estancia en los aeropuertos canarios, una medida que comenzará en Tenerife Sur y Lanzarote y se extenderá progresivamente a Gran Canaria y Fuerteventura hasta 2027. El ente público justifica este “tasazo” —como ya lo ha calificado el sector—, equiparando las tarifas a las del aparcamiento de turismos, y lo vincula a criterios de seguridad y ordenación del espacio aeroportuario.
La Federación de Empresarios del Transporte (FET) ha mostrado su “total rechazo” a la iniciativa, que considera un abuso con un impacto económico que podría alcanzar los 6.000 euros mensuales por transportista. La patronal denuncia que se trata de una medida “meramente recaudatoria”, injustificable desde un punto de vista objetivo y que afecta a un sector que opera una flota de unas 4.500 guaguas discrecionales en el Archipiélago.
La FET critica además que, a diferencia de otros aeropuertos turísticos, en Canarias no se hayan habilitado ‘bolsas reguladoras gratuitas’ (explanadas anexas) para la espera de estos vehículos antes de acceder a la terminal. Ante esta situación, la federación ha anunciado que trasladará su rechazo a las distintas administraciones públicas y a las organizaciones empresariales para frenar la implantación de la tasa.
Por su parte, desde Ashotel también rechazan de forma contundente la decisión de Aena, que califican de “desigual, arbitraria y discriminatoria”, al penalizar a determinados destinos sin criterios homogéneos ni ofrecer servicios adicionales o alternativas de aparcamiento. La patronal hotelera advierte de que el incremento de costes acabará repercutiendo en el turista y dañará la competitividad del destino.
Ashotel alerta además de que la tasa podría empeorar la experiencia del visitante, generar mayor saturación en las terminales y provocar problemas operativos en las llegadas y salidas, especialmente en infraestructuras ya tensionadas como el aeropuerto de Tenerife Sur. Por ello, reclama la retirada inmediata de la medida y la apertura de una mesa de diálogo para consensuar soluciones que no perjudiquen al transporte ni al principal motor económico de Canarias.
