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El debate entre el desarrollo urbanístico y la preservación del paisaje costero en el sur de Tenerife suma un nuevo y complejo capítulo. Un frente de colectivos ecologistas ha elevado una queja formal ante la Comisión Europea (Dirección General de Medio Ambiente) para exigir la paralización inmediata de dos proyectos residenciales de lujo proyectados en la zona de Palm-Mar, en el municipio turístico de Arona: "The Cliff", de la promotora belga Los Menceyes Properties, y el "Edificio Gara", de la madrileña Metrovacesa.
La denuncia, que también ha sido trasladada al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, alega que estas construcciones amenazan gravemente el Monumento Natural Montaña de Guaza y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Rasca y Guaza, ambos espacios integrados en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Daño "irreversible" a uno de los enclaves mejor conservados del sur de Tenerife
El conflicto sitúa en el centro de atención la sostenibilidad del modelo turístico y residencial de la isla. Los ecologistas citan informes técnicos y científicos realizados sobre el terreno entre 2025 y 2026 que apuntan que las parcelas seleccionadas afectan de "forma irreversible" a hábitats de interés comunitario, como el tabaibal-cardonal; ponen en riesgo a especies protegidas y en peligro de extinción, como el lagarto gigante de Tenerife; y tienen un fuerte impacto en el paisaje, alterando "para siempre" la estética de uno de los "enclaves naturales costeros mejor conservados del sur de Tenerife".
"La evidencia científica es concluyente. Estamos ante impactos significativos e irreversibles sobre uno de los enclaves naturales mejor conservados del sur de Tenerife. El principio de precaución exige la denegación de las licencias", afirman los colectivos denunciantes.
Choque legal
El núcleo del conflicto reside en la falta de una Evaluación de Repercusiones Ambientales exigida por la Directiva Hábitats comunitaria. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias eximió previamente al proyecto basándose en unas normas locales de 2008, la queja de los ecologistas remarca que la jurisprudencia de la Unión Europea está por encima y es tajante: "Ninguna norma interna puede eximir a un proyecto concreto de la evaluación adecuada de repercusiones sobre la Red Natura 2000 cuando existe una posibilidad razonable de afección significativa".
Los denunciantes aseveran que, además, "el Ayuntamiento de Arona no puede otorgar licencia de obras contraviniendo el Derecho europeo y la legislación estatal de protección ambiental". Por todo ello, reclaman "la paralización de cualquier tramitación de licencias y la realización de una evaluación adecuada".
