Países Bajos prepara un cambio normativo que blindará el poder pagar con dinero en efectivo frente al avance de los pagos digitales. El Gobierno neerlandés pretende que, a partir de 2027, comercios y establecimientos de restauración acepten billetes y monedas en operaciones de hasta 3.000 euros, una medida que también afectará a destinos turísticos y ciudades como Ámsterdam, La Haya, Róterdam, Leiden o Maastricht.

La iniciativa busca garantizar que los consumidores mantengan una alternativa al pago con tarjeta o teléfono móvil, especialmente ante las dificultades que determinados colectivos pueden encontrar para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado. Para el turismo, la medida puede resultar especialmente útil para viajeros de mayor edad o visitantes que no quieran depender de dispositivos electrónicos, además de ofrecer una opción de pago a quienes procedan de países donde el uso del efectivo continúa siendo habitual.

El proyecto contempla, no obstante, algunas excepciones vinculadas principalmente a la seguridad. Los establecimientos podrán rechazar pagos en metálico entre las 22.00 y las 06.00 horas, mientras que los pequeños negocios con menos de cuatro empleados también podrán acogerse a esta posibilidad cuando existan riesgos para trabajadores o propietarios. Las compras por internet, las facturas de suministros, los billetes de transporte público o los servicios de comida a domicilio quedarían asimismo fuera de la obligación.

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad y ya ha superado el periodo de consulta pública. Antes de su eventual entrada en vigor, deberá pasar por el Parlamento neerlandés y recibir el dictamen del Consejo de Estado, por lo que el calendario previsto para 2027 todavía depende de la tramitación pendiente.

El planteamiento de Países Bajos no supone, en cualquier caso, una singularidad absoluta en Europa. En España también existe la obligación de aceptar pagos en efectivo, establecida en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo en los supuestos legalmente contemplados. La diferencia es que el Gobierno neerlandés pretende fijar expresamente un límite de 3.000 euros y regular determinadas franjas horarias, en un contexto en el que tarjetas, móviles y otros sistemas digitales ganan terreno en los viajes y el consumo cotidiano.

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