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El Tribunal de Instancia de Arrecife (Lanzarote) ha fijado definitivamente para los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2027, en la sede de Puerto del Rosario, la vista oral del 'caso Origo Mare', por el que se juzgará si los nueve acusados han cometido un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de un complejo turístico de lujo en un área protegida de la localidad de Majanicho, La Oliva (Fuerteventura).
El proceso judicial llega tras acumular más de una década de instrucción y múltiples suspensiones provocadas por cambios de agenda, recursos de apelación y la entrega a última hora de voluminosos expedientes documentales por parte de la acusación, informa Canarias Ahora.
En el banquillo se sentarán siete exmiembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva —entre ellos la exalcaldesa Claudina Morales—, un asesor jurídico municipal y un arquitecto técnico. Los hechos que se juzgan se remontan a 2012, cuando el consistorio concedió una licencia de obras provisional para transformar 374 viviendas y dos edificios de uso residencial en un complejo hotelero de lujo de cinco estrellas compuesto por 700 villas. La autorización se otorgó sobre suelo rústico de especial protección integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y durante las obras se arrasaron campos de lava solidificada y jable (arena volcánica).
La Fiscalía acusa a los técnicos municipales de emitir informes favorables argumentando que las instalaciones tenían un carácter "provisional y desmontable", para evitar tener que elaborar la preceptiva evaluación de impacto ambiental requerida para intervenir en un entorno de alto valor ecológico y que habría acabado con el proyecto. Es por ello que el Ministerio Público imputa a los nueve procesados delitos contra la ordenación del territorio y sostiene que actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de las obras.
Por ello, solicita penas de tres años y tres meses de prisión, junto a ocho años de inhabilitación, para los políticos implicados; tres años y seis meses de cárcel para el asesor jurídico; y tres años y nueve meses para el arquitecto técnico. Asimismo, reclama la declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia municipal otorgada en 2012, dado que las obras ejecutadas supusieron una transformación profunda y permanente del entorno.
Además de la causa penal, este escándalo supuso la apertura de un expediente de infracción dictado por la Comisión Europea contra España, tras constatarse la destrucción de miles de metros cuadrados de hábitat de malpaís y dunas protegidas clave para la hubara canaria.
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