La actividad turística ilegal debe ser perseguida, pero siempre y cuando se sancione a los verdaderos infractores. Es lo que debe pensar Joaquim Álvarez, un vecino de Reus (Tarragona) que ha sido multado con 5.000 euros porque sus inquiokupas decidieron ofrecer la vivienda como alquiler turístico de forma irregular, pero la sanción ha recaído en el propietario del inmueble.
Todo comenzó en 2019, cuando Álvarez decidió poner su casa en alquiler debido a que los ingresos familiares no alcanzaban para pagar las cuotas de la hipoteca. Él y su familia se marcharon a una masía. El hombre encontró inquilinos rápidamente y durante el primer año todo funcionó muy bien, hasta que comenzaron los retrasos en el pago del alquiler. Finalmente, los inquilinos dejaron de pagar en 2021.
En 2022, cuando tocaba renovar el contrato de tres años, Álvarez decidió no hacerlo, pero se encontró con la negativa de los inquilinos a abandonar la vivienda. Según la información de elEconomista, a junio de 2025, la pareja aún no se había marchado de la casa y han sido declarados vulnerables por el Ayuntamiento, lo que dificulta aún más su salida.
Pero la peor parte para Joaquim Álvarez estaba por llegar. Los inquiokupas decidieron convertir la vivienda en un piso turístico que anunciaban en las tradicionales plataformas como suite privada por 56 euros por noche. Al detectar que la vivienda vacacional no contaba con licencia, Hacienda tomó cartas en el asunto: la Agencia Tributaria solicita 5.000 euros de sanción, pero no a los inquilinos, sino al propietario de la vivienda. Esto ha provocado que a Álvarez le embarguen 500 euros de su nómina todos los meses.
