El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha reconocido ante el juez que investiga el rescate público de Air Europa que mantuvo reuniones con representantes de Globalia antes de que se iniciara formalmente la tramitación de las ayudas concedidas a la aerolínea en 2020 como causa de la pandemia. El directivo ha defendido que esos encuentros respondían a la necesidad de recabar información y preparar el expediente con el fin de agilizar su tramitación.

Según publica La Razón, Lora explicó que las reuniones, celebradas entre junio y julio de 2020 con responsables jurídicos y técnicos de Globalia y con participación de personal de la SEPI y del Ministerio de Economía, permitieron "adelantar trabajo" antes de la apertura oficial del procedimiento. El rescate, por importe de 475 millones de euros, se aprobó posteriormente a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La investigación judicial analiza el proceso de concesión de estas ayudas después de que un informe del Tribunal de Cuentas señalara que el expediente de Air Europa se resolvió en unos 70 días, un plazo muy inferior a la media registrada en el resto de operaciones financiadas con ese fondo. La causa también examina las comunicaciones intervenidas en el denominado caso Koldo, que apuntan a que la compañía conocía con antelación el respaldo del Ejecutivo, aunque Lora negó haber tratado este asunto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El procedimiento se abrió a raíz de una querella presentada por Manos Limpias, que atribuye al vicepresidente de la SEPI un presunto delito de prevaricación administrativa durante la gestión del rescate. Entre las cuestiones planteadas por la acusación figuran el supuesto incumplimiento de algunos requisitos para acceder a las ayudas, la situación fiscal de la empresa y la estructura utilizada para formalizar la operación.

La querella también cuestiona el diseño financiero del rescate, al sostener que la ayuda se dividió en dos préstamos por debajo del umbral que habría obligado a solicitar autorización previa de la Comisión Europea. Estos extremos forman parte de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que deberá determinar si existieron irregularidades en la concesión de los fondos públicos.