La negativa de Renfe a ceder los talleres de la base de mantenimiento de La Sagra (Toledo) a la ferroviaria italiana Iryo para revisar sus trenes le ha valido la incoación de un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ambas compañías sostienen un pulso por el acceso a estas instalaciones de Iryo, toda vez que esta compañía opera en España tras la liberalización de la alta velocidad en este país. Renfe podría pagar entre 10.001 y 300.000 euros de sanción si el expediente iniciado sale adelante.

Una anterior resolución emitida por la CNMC el pasado 26 de marzo obligaba a Renfe a facilitar el uso de estas instalaciones al operador italiano para tareas de mantenimiento pesado. En esa decisión se recordaba que la compañía española había negociado el acceso de Iryo a La Sagra y luego retiró la oferta. El regulador le daba entonces diez días para abrirle las instalaciones, informa Vozpópuli.

Conocida la resolución, Renfe movió ficha. Pidió a la CNMC una ampliación del plazo y aprovechó para recurrir la resolución, solicitando, de paso, medidas cautelares a la Audiencia Nacional. Pero el regulador no amplió el plazo y la justicia mantuvo la obligación de abrir La Sagra en lo que resolvía el litigio. 

El fondo detrás de esta pugna parece estar en la dificultad que implica adaptar el taller para que Iryo pueda utilizarlo de cara a revisar su flota. Pero en juego está una cuestión más amplia: si Renfe está obligada a abrir a otras compañías instalaciones que durante décadas operaron en exclusiva para la ferroviaria pública española y hasta dónde alcanza esa obligación tras la liberalización del sector. De hecho, Renfe mantiene a su vez otro procedimiento con la compañía Ouigo por el acceso a otras instalaciones, cuyo fondo sigue pendiente de una resolución por parte de la CNMC.