Arranca la temporada turística en Baleares, pero este año han cambiado algunas reglas del juego. El Govern modificó el pasado 13 de enero un nuevo decreto que limita la actividad de del chárter náutico, o lo que es lo mismo, el alquiler de embarcaciones recreativas, con el objetivo de acabar con la piratería. Se trata de una medida que transformará radicalmente el funcionamiento del sector.
Una de las medidas más importantes introducidas por el Govern es que se prohíbe operar a las empresas que no dispongan de un punto de amarre, boya regulada o lugar de atraque en el archipiélago. Asimismo, aquellos que quieran ejercer la actividad deberán firmar una declaración responsable y en los anuncios online deberá figurar el número de registro.
La nueva normativa no ha estado libre de polémicas. De hecho, su aplicación ha provocado el nacimiento de la patronal Asociación Pymes de Actividades Náuticas de Islas Baleares (Apanib), con unas 75 empresas y autónomos que se oponen a la modificación del decreto. A la oposición de Apanib hay que sumar la del propio Gobierno central, que alude que el Govern “invade competencias del Estado y rompe el principio de igualdad al impedir una actividad que es lícita en el resto del territorio nacional”.
Desde Última Hora se plantean por qué el enfrentamiento entre las administraciones y si es que el negocio del alquiler náutico es tan importante como para hablar de llegar a los tribunales. Y es que, tal y como recoge el citado diario, Baleares lidera la matriculación de embarcaciones chárter, con un total de 904 en 2024. Todo ello genera en las islas un negocio que factura más de 1.000 millones de euros al año y promueve la creación de más de 5.000 empleos.
