En Canarias hay cada día una media de 367.000 personas que no residen en el archipiélago, pero sí usan sus servicios públicos y generan gastos a las administraciones. Esta población flotante, integrada básicamente por turistas, es, no obstante, invisible a los ojos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que debe sufragar unos servicios públicos de calidad homologables en todas las regiones españolas. El SFA no tiene en cuenta el peso que suponen para las arcas públicas del archipiélago estos turistas. Consumen recursos, pero, oficialmente, es como si no lo hicieran, circunstancia que también se da en Baleares.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias la población turística ha experimentado un crecimiento doce veces superior al de la población residente. Desde 2010 ha crecido un 51%, pasando de 243.000 a 367.000 personas solo 13 años más tarde, en 2023. En el mismo tramo, el número de residentes creció en unas 83.000 personas, un 4%, informa La Provincia. 

El modelo de financiación vigente nació en 2009 y reparte los recursos entre las comunidades de régimen común (todas menos las forales Navarra y País Vasco) según lo que denomina población ajustada, una variable que no tiene en cuenta la población flotante. Así, la población ajustada ofrece una imagen irreal de la estructura demográfica canaria, al ignorar la presencia de la población flotante, algo especialmente importante en las regiones turísticas.

En 2023, Hacienda computaba 2,2 millones de habitantes en Canarias, pero si se le suman los turistas, la cantidad real se acerca a los 2,6 millones de personas: un 16,7% más. Se está eludiendo la presión demográfica real al invisibilizar a una parte de la población que, no por ser turista, deja de contar a la hora de consumir recursos públicos.