España tiene un problema serio de vivienda. Negarlo sería absurdo. El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país, especialmente para jóvenes, familias y trabajadores que buscan un alquiler asequible en grandes ciudades y en zonas con mayor concentración de demanda.

Precisamente por eso, conviene ser muy cuidadosos con las soluciones que se plantean. Cuando un problema es estructural, las respuestas fáciles suelen ser las menos eficaces.

La propuesta de elevar el IVA de las viviendas turísticas al 21% vuelve a situar el debate en un terreno equivocado. Puede sonar contundente. Puede parecer una respuesta rápida. Incluso puede encajar bien en un titular. Pero una medida fiscal de este tipo no aumenta por sí sola la oferta de vivienda, no agiliza licencias, no pone suelo en carga, no rehabilita inmuebles, no genera seguridad jurídica para el alquiler residencial y no resuelve los cuellos de botella que arrastra nuestro mercado inmobiliario.

El mismo día que la CNMC señalaba que la crisis de vivienda se combate aumentando la oferta, reduciendo trabas urbanísticas y agilizando procedimientos, el Gobierno volvía a caminar en la dirección contraria: más impuestos, más presión normativa y más inseguridad jurídica.

No es una cuestión menor. El Banco de España también ha venido advirtiendo que el problema de la vivienda en España es, en buena medida, un problema estructural de oferta. Falta vivienda. Falta capacidad de respuesta. Falta agilidad administrativa. Falta seguridad jurídica. Y falta una estrategia sostenida en el tiempo que permita acompasar la demanda real con la oferta disponible.

En ese contexto, cargar fiscalmente contra una modalidad concreta de alojamiento turístico parece más una reacción política que una solución de fondo.

La vivienda turística no puede quedar al margen del debate. Sería un error. Debe haber reglas claras, control efectivo y persecución real de la oferta irregular. Pero una cosa es ordenar una actividad y otra muy distinta es utilizar la fiscalidad para penalizarla.

La cuestión de fondo es más sencilla: si una vivienda turística, un apartamento turístico y un hotel prestan alojamiento al viajero, deben tener un tratamiento fiscal coherente. No estamos hablando de actividades ajenas entre sí, sino de distintas modalidades de alojamiento que cumplen una misma función básica: ofrecer una estancia temporal fuera de la residencia habitual.

Por eso, si hoteles y apartamentos turísticos vienen tributando al 10%, no parece razonable aislar a las viviendas turísticas para llevarlas al 21%. No por razones técnicas, no por razones jurídicas y, desde luego, no como solución al problema de la vivienda.

En materia fiscal, la justicia ya ha recordado en España una idea muy sencilla con el caso del pan y la baguette: no puede tratarse peor fiscalmente aquello que, para cualquier consumidor, cumple una finalidad equivalente, si no existe una diferencia real que lo justifique.

Ese principio debería tenerse presente también aquí. Para una familia que viaja, para un trabajador desplazado o para cualquier visitante que viene a Andalucía —desde donde se escriben estas líneas—, la finalidad esencial es la misma: alojarse durante unos días. Después habrá diferencias de formato, de servicios, de precio o de experiencia. Pero la función principal sigue siendo alojamiento.

La fiscalidad no debería utilizarse como atajo para resolver problemas complejos. Y mucho menos como una herramienta para señalar a una actividad legal cuando el diagnóstico técnico apunta en otra dirección.

Si el objetivo es mejorar el acceso a la vivienda, las prioridades parecen bastante claras: aumentar la oferta, acelerar la tramitación urbanística, movilizar vivienda vacía con garantías, rehabilitar parque residencial, dar seguridad jurídica al alquiler de larga duración y combatir de verdad la oferta irregular.

También conviene recordar lo ocurrido recientemente con el Registro Único de Viviendas Turísticas. Se advirtieron dudas jurídicas, se reclamó diálogo y, finalmente, los tribunales corrigieron una parte relevante de aquella arquitectura normativa. No debería repetirse el mismo error: legislar deprisa, sin escuchar lo suficiente y sin medir adecuadamente el encaje jurídico de las medidas.

Regular mejor es necesario. Perseguir la ilegalidad, también. Pero subir el IVA de las viviendas turísticas al 21% no parece una respuesta proporcionada, ni técnicamente sólida, ni útil para resolver el problema de fondo.

La política de vivienda no puede descansar en penalizar una modalidad alojativa legal. Debe construirse sobre oferta, seguridad jurídica, planificación y diálogo.

Porque subir impuestos puede ser rápido. Construir soluciones, no.

 

*Ignacio Calandria es jurista y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Es gerente y director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPRO) y miembro suplente del Consejo Económico y Social de Andalucía.