El Gobierno de Canarias cumplirá su amenaza de llevar ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencia que mantiene con el Estado, representado por el Ministerio de Transición Ecológica, respecto al expediente de demolición del hotel RIU Oliva Beach Resort, ubicado en suelo del dominio público marítimo-terrestre en el Parque Natural de Corralejo (Fuerteventura).
En declaraciones recogidas por La Provincia, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, ha anunciado este lunes el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de Canarias en materia de Costas. En el Gobierno canario consideran que la comunidad autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral. Por tanto, rechazan que la cartera de Teresa Ribera conserve la potestad para resolver sobre concesiones de régimen transitorio en el dominio público marítimo-terrestre, tal y como defendió el Ministerio en una nota oficial el pasado 29 de febrero.
Es la primera vez que se da por parte del Gobierno central una injerencia directa en esta competencia y por eso actuamos de esta manera”
“Es la primera vez que se da por parte del Gobierno central una injerencia directa en esta competencia y por eso actuamos de esta manera”, ha aclarado Cabello, quien recordó que se ha solicitado “hasta en tres ocasiones” la celebración de la reunión bilateral Canarias-Estado para dirimir algunas discrepancias que había respecto a estas competencias, pero no ha habido respuesta. “El anterior Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres ya había solicitados hasta en dos ocasiones esta reunión”, ha recordado el portavoz, sin aclarar si esta decisión supone la paralización del expediente en curso, que declara la caducidad de la concesión otorgada a RIU Hotels & Resorts y decreta “el levantamiento y retirada de las instalaciones existentes”.
