El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha reconocido que 52 expedientes sancionadores han caducado en su departamento al no haberse tramitado dentro del plazo de un año desde su apertura. El responsable popular atribuye esta situación a la falta de recursos, a la elevada rotación de personal y a la necesidad de formar a nuevos instructores, factores que dificultan la lucha contra la oferta turística ilegal en la isla, según explica el conseller.
Rodríguez explica estas caducidades en una respuesta escrita al Grupo Socialista en el Consell a la que ha tenido acceso Europa Press. Los socialistas habían pedido aclaraciones sobre los procedimientos que habían expirado sin resolución. El conseller sostiene que la “infradotada transferencia de competencias” del Govern y el “nefasto proceso de estabilización” de la pasada legislatura han lastrado el trabajo de inspección, aunque insiste en que los establecimientos afectados volverán a ser revisados para determinar si se debe abrir un nuevo expediente.
Fuentes de Ordenación Turística consultadas por el mencionado diario advierten de que el número real de expedientes caducados podría ser muy superior y “multiplicarse por cuatro o por cinco”, a lo que habría que añadir los numerosos casos archivados por la aceptación de “cualquier alegación”. Estas mismas fuentes señalan la sobrecarga de trabajo y la falta de incentivos como causas de la elevada rotación del personal instructor.
Desde Inspección Turística, sin embargo, se atribuye el bloqueo administrativo a problemas estructurales de la administración y no a la gestión del anterior Govern. Con más de un año y medio de retraso acumulado, explican que actualmente se están instruyendo expedientes abiertos en mayo de 2024 y que se estudia que los inspectores asuman parte de las funciones de los instructores para agilizar los procedimientos.
El Grupo Socialista ha criticado con dureza la gestión de Rodríguez, a quien tilda de “desaparecido” y de “vender humo”. A su juicio, el Consell muestra “nulo interés” en combatir el turismo ilegal, hasta el punto de no aplicar los nuevos mecanismos legales que permiten clausurar pisos turísticos irregulares o trasladar casos a la Fiscalía, medidas introducidas por el Govern autonómico en la denominada ley Aloy.
