El Consell de Mallorca no ha remitido a la Fiscalía ningún expediente por oferta turística ilegal siete meses después de la entrada en vigor del nuevo decreto ley impulsado por el Govern autonómico. La norma permite llevar ante el Ministerio Fiscal a los infractores reincidentes que continúen explotando viviendas sin licencia pese a las sanciones, una vía que desde Turismo consideran adecuada, pero “de tramitación larga”.
Según Diario de Mallorca, el departamento que dirige José Marcial Rodríguez defiende que, por el momento, prioriza “la colaboración sobre la confrontación” y que está implementando un nuevo sistema para agilizar los procedimientos administrativos. Ese proceso, aseguran, permitirá acelerar la gestión de los expedientes sin tener que recurrir de inmediato a la vía penal.
El marco legal autonómico vigente endurece la persecución de la oferta ilegal, faculta el cese inmediato de la actividad cuando se realiza sin título habilitante y contempla multas más severas. Incluso prevé el traslado a la Fiscalía si, tras la reiteración de sanciones coercitivas, continúa la explotación turística irregular. No obstante, esta última herramienta permanece sin aplicarse en Mallorca.
En el sector turístico se esperaba que la posibilidad de acudir a Fiscalía actuara como un revulsivo ante casos de reincidencia, como el del empresario Paco Garrido, acumulando expedientes en Palma y Llucmajor. En paralelo, Turismo mantiene acuerdos de colaboración con plataformas como Airbnb para retirar anuncios sin licencia, aunque siguen detectándose viviendas con registros falsificados o usurpados.
El Govern recuerda que el decreto también limita nuevas plazas en edificios plurifamiliares, incrementa en un 25% las sanciones —que pueden llegar al medio millón de euros— y amplía la capacidad de inspección con apoyo de cuerpos policiales. Por ahora, sin embargo, el Consell mantiene en pausa la opción de recurrir a la Fiscalía mientras avanza en su nuevo sistema de tramitación.
