El proyecto de ley de ordenación del litoral que impulsa el Govern balear establece que la legalización de restaurantes y chiringuitos situados en el dominio público marítimo-terrestre no será automática, aunque las edificaciones queden protegidas por la futura amnistía costera. La  decisión final sobre la concesión o renovación de estas actividades corresponderá al Gobierno de España, en coordinación con el Estado.

Según informa Última Hora, el texto se ajusta a la Ley de Costas y obliga a solicitar un informe preceptivo y vinculante al Ministerio para la Transición Ecológica. No obstante, introduce una novedad clave: si el informe no se emite en un plazo de dos meses, se aplicará el silencio administrativo positivo, lo que permitirá al Govern avanzar en la concesión.

En caso de que el dictamen estatal llegue en plazo y sea desfavorable, se abrirá un periodo de consultas de dos meses entre ambas administraciones para tratar de alcanzar un acuerdo. El proyecto prevé incluso la posibilidad de acudir a la vía contenciosa si no hay consenso, reforzando así el papel de la comunidad autónoma en la gestión del litoral.

La norma también permitirá ejecutar obras de reparación, mejora o modernización de las concesiones, incluso si contradicen el plan de ordenación litoral, siempre que no supongan un aumento de volumen. En estos casos bastará con una declaración responsable. El conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, defiende que la ley protegerá cientos de construcciones tradicionales amenazadas por la legislación estatal actual, una de las promesas electorales de la presidenta Marga Prohens.

El borrador ha generado críticas del GOB, que reclama su retirada por posibles conflictos competenciales y por considerar que prioriza la consolidación de usos preexistentes frente a la protección efectiva del litoral. El Govern, por su parte, sostiene que todas las actuaciones estarán avaladas por informes patrimoniales y permitirán preservar elementos tradicionales del paisaje costero balear.