Con razón ha solicitado Exceltur uniformidad en los certificados emitidos por distintas entidades para garantizar que el establecimiento que lo ha recibido ha cumplido con todos los protocolos exigidos y reúna las mejores condiciones de salubridad.
Los emite la Secretaria de Estado de Turismo, el ICTE y varios gobiernos de comunidades autónomas. Unos, previa auditoria; otros, sin necesidad de ella. En mi opinión todos tienen una cosa en común: no valen para nada.
Los establecimientos abiertos al público tienen que pasar las correspondientes inspecciones de Sanidad lo que garantiza, a priori, que cumplen con los requisitos necesarios. Los certificados solo avalan que estaban al día en cuestiones de limpieza y sanidad precisamente el día que lo recibieron, pero no cuando llega el cliente. Y, que yo sepa, con la certificación no viene adjunto un seguro por el que se indemnizaría a la persona que se infectara en ese local por coronavirus.
El ICTE lanza el sello “Safe Tourism Certified”
Ninguna de las certificaciones, y con buen sentido, usa la palabra maldita, algo que al principio intentaron algunos con los cartelitos de ‘covid free’, una invitación a los expertos del fraude a litigar defendiendo a posibles afectados, independientemente de donde hubieran sido contagiados.
Quien sí se ha atrevido es una cooperativa de taxis de Madrid, que ha puesto el aviso a modo de publicidad en las puertas. El despistado visitante de mundos lejanos puede pensar que en Madrid hay dos tipos de taxis, los que están libres del Covid-19, como queda claramente indicado, y otros que no deben de estarlo y por eso no lo anuncian.
Y desde un punto de vista comercial, al turista extranjero una certificación española sin valor jurídico no le va a importar demasiado. Lo que quieren británicos, alemanes y otros, es que el touroperador, si es que han viajado con uno, o cualquier intermediario, y en ausencia de ellos el alojamiento, les garantice una serie de cuestiones como los gastos médicos y en su caso hospitalarios, si tiene la desgracia de contagiarse; la repatriación si no puede volar en la fecha prevista; las posibles cancelaciones sin ser penalizados; y un seguro con menos letra pequeña. Y eso no se lo garantiza el certificado.
Y qué más da que el taxi o el hotel estén libre del virus si luego circula por la playa o por los bares, pongamos como ejemplo. Lo que sí podemos garantizar a los turistas es que el sistema español en su conjunto es eficiente, que la pandemia ha sido controlada, aunque pueda haber rebrotes —que esperemos sean ligeros—, que ante cualquier dificultad será atendido por un sistema sanitario reconocido, en general gratuitamente, que si quiere volver a su país tendrá numerosas conexiones, que Internet y las líneas telefónicas funcionarán al menos igual de bien que en su lugar de origen y, como se suele decir etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso no lo garantiza un certificado, sino muchos años de trabajo de millones de personas.
No digo que otros destinos, especialmente en la periferia de Europa o en otros continentes, no puedan garantizar una atención adecuada, pero el esfuerzo de muchas décadas está ya dentro del imaginario europeo: en momentos difíciles mejor me voy a España.
Y, finalmente, una cosa es que no valoremos el certificado y otra que no lo hagamos con el esfuerzo del ICTE, la Secretaria de Estado o las Consejerías de Turismo que han recordado eficazmente cuáles son los protocolos adecuados que tienen que ser atendidos por todo el sistema de recepción.
Contrariamente a lo que han asegurado algunos analistas, la España turística no ha tenido una caída de imagen, sino al contrario, al menos en términos comparativos. La mayor parte de los europeos querrán quedarse este verano cerca de casa, pero cuando empiecen a cruzar fronteras saben muy bien cuál es la que van a cruzar primero.
