La UE abre la puerta a limitar los pisos turísticos y las segundas residencias en zonas tensionadas

La Comisión Europea ha planteado un nuevo marco que permitirá a los Estados y municipios restringir determinados usos turísticos de las viviendas cuando puedan acreditar que están agravando la presión sobre el mercado residencial. La iniciativa se enmarca en la nueva Ley de Vivienda Asequible y pretende ofrecer herramientas comunes para actuar en zonas donde el acceso a la vivienda se ha deteriorado.

La propuesta establece una metodología para identificar las denominadas "zonas bajo tensión residencial", tomando como referencia la relación entre los precios de la vivienda y los ingresos disponibles. Como criterio inicial, considera tensionados los mercados donde el precio medio de compra equivale a ocho años o más de renta disponible. Una vez acreditada esa situación y un impacto negativo durante al menos tres años, las administraciones podrían limitar los alquileres de corta duración u otros usos no residenciales de los inmuebles.

Aunque el alquiler turístico representa alrededor del 1,2% del parque residencial europeo, su concentración puede ser mucho mayor en determinados destinos. El centro de Madrid, por ejemplo, registra 40 viviendas vacacionales por cada 100 destinadas al alquiler de larga duración. La Comisión también contempla medidas sobre segundas residencias y viviendas vacías, aunque con condiciones de necesidad y proporcionalidad, una duración máxima de cinco años y sin efectos retroactivos sobre adquisiciones anteriores.

La iniciativa ha generado críticas de plataformas como Airbnb, organizaciones tecnológicas y el Partido Popular Europeo, que tienen dudas sobre si restringir los pisos turísticos se traducirá automáticamente en más oferta residencial y advierten de posibles efectos sobre la actividad económica y el empleo. En España, Asval considera que el planteamiento europeo no encaja con el modelo de la Ley de Vivienda de 2023, mientras que el Gobierno defiende que Bruselas proporciona herramientas coherentes con las medidas ya aplicadas en las zonas de mercado tensionado.

El texto todavía debe ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Al tratarse de un reglamento, si finalmente sale adelante, será de aplicación directa en los Estados miembros. Para el sector turístico, la iniciativa puede tener especial impacto en destinos con una elevada concentración de viviendas vacacionales, al reforzar la capacidad de las administraciones locales para priorizar el uso residencial frente a usos turísticos.