El Ministro de Turismo y Deportes, Surasak Phanjaroenworakul, ha confirmado un giro radical en la política turística de Tailandia que afectará directamente al bolsillo y a la planificación de los viajeros.

La medida estrella es la exigencia de un seguro de viaje obligatorio para todos los turistas extranjeros antes de cruzar la frontera. No obstantes, se desconocen aún detalles como cuál va a ser el mínimo de cobertura exigido y qué tipo de incidencia va a tener que cubrir obligatoriamente.

Esta decisión busca frenar la sangría económica de los hospitales públicos, que registran facturas impagadas por pacientes extranjeros por valor de más de 100 millones de bahts anuales (aproximadamente 2,6 millones de euros), tras el aumento de casos de facturas médicas impagadas.

También se pretende evitar la desfavorable imagen internacional que se suele proyectar en el destino con los numerosos turistas que se quedan varados en el país sin poder hacer frente a las facturas médicas o al proceso de repatriación y que, en muchos casos, recurren a crowdfundings o a pedir socorro a sus gobiernos.

Impuesto turístico y estancias reducidas


La estrategia económica también sufrirá una transformación bajo el lema "Valor sobre volumen". Ante la previsión de que el número de visitantes caiga hasta los 28 millones en 2026, el Estado compensará la pérdida de ingresos mediante el aumento de la presión fiscal al viajero. Además del seguro, el Gobierno prevé incrementar las tasas aeroportuarias de salida de 730 a 1.120 bahts (un aumento del 53%) y aplicar una tasa de entrada adicional de 300 bahts para quienes lleguen por vía aérea, destinada a mejorar las infraestructuras turísticas.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir el tiempo que permite permanecer en el país sin visado de 60 a 30 días. La medida afecta a 93 países, entre ellos España. Tras analizar los datos de 2025, las autoridades concluyeron que el 89% de los visitantes se quedan menos de tres días, por lo que consideran que los visados de larga duración estaban siendo utilizados de forma fraudulenta por extranjeros para establecer negocios ilegales o residir sin los permisos correspondientes.