El Govern de Islas Baleares copiará el modelo de Ibiza para combatir la oferta turística ilegal. El Consell de Govern ha aprobado la creación de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de las Illes Balears, un órgano colegiado de asesoramiento, apoyo y estudio, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional e impulsar políticas eficaces para prevenir, controlar y erradicar las actividades intrusivas en la comunidad autónoma.
Con carácter general, se considera intrusismo el ejercicio de una profesión o actividad sin disponer de la autorización, titulación o conocimientos exigidos por la normativa vigente. Esta práctica de prestación irregular de servicios puede tener consecuencias graves para la sociedad, tales como perjuicios económicos, fraudes, negligencias profesionales y problemas de salud y de seguridad pública.
Diversos agentes sociales, operadores económicos y asociaciones patronales llevan tiempo manifestando su preocupación por los efectos de la competencia ilegal, que perjudica especialmente a los operadores que cumplen la normativa y las obligaciones administrativas. En este complejo contexto económico, el Govern considera preciso articular espacios estables de coordinación y diálogo para abordar el fenómeno de forma integral.
En las Islas Baleares, el intrusismo afecta a sectores estratégicos como el alojamiento turístico, el transporte, el comercio y el ocio. Desde el Govern aseguran que la oferta ilegal genera externalidades negativas que ponen en riesgo el equilibrio territorial, la sostenibilidad medioambiental, el acceso a los servicios públicos, el bienestar de la población residente y la convivencia.
La Mesa de Lucha contra el Intrusismo desarrollará actividades de investigación, estudio y análisis técnico; promoverá medidas de prevención, control y sanción dentro de las administraciones; formulará recomendaciones de mejora normativa; establecerá sistemas de información compartida para realizar el seguimiento de la efectividad de las actuaciones, e impulsará planes estratégicos y acciones formativas específicas.
Además, la Mesa se configura como un foro de diálogo y coordinación con los agentes sociales, colegios profesionales, organizaciones empresariales y sectores económicos afectados, con el objeto de proteger las actividades económicas legales y favorecer un desarrollo social y económico sostenible en las Illes Balears. En el marco de su planificación, podrá crear grupos de trabajo específicos con participación de expertos y representantes de los sectores implicados.
Dado el carácter transversal de sus competencias y la participación de representantes de la Administración autonómica, insular y municipal, así como de otras instituciones públicas, la Mesa queda adscrita a la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, a través de la Dirección General de Coordinación y Cooperación Local.
El Acuerdo establece que la Mesa se constituirá en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de su creación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
