El martes se presentó, con un año de retraso, el borrador del decreto de protección de la posidonia de las Islas Baleares. Vicenç Vidal, conceller de Medio Ambiente y Miquel Mir, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad fueron los encargados de presentarlo en el Aula del Mar de Palma. 

Baleares cuenta con 633 kilómetros cuadrados de praderas de posidonia.  De estos, 411,39 corresponden al litoral de Mallorca, 139,74 a Ibiza y 82 a Menorca. 

Mir señaló que: “Actualmente el incremento de usos en nuestras aguas ha hecho aflorar indicios sobre impactos que pueden poner en peligro el estado óptimo de conservación de la posidonia”. Esto hace que sea necesaria  “una regulación que compatibilice la existencia de actividades humanas con la protección de la especie y el hábitat”.

El documento prohibirá el fondeo de embarcaciones sobre praderas de posidonia en la región, aunque señala que “se exonerará de responsabilidad [por daños a la planta] cuando la pradera no sea visible, no esté señalizada y no haya cartografía oficial a disposición física o telemática del patrón de la embarcación”. El decreto contiene una cartografía propia de estas praderas y las clasifica según su extensión y su estado de conservación. 

Además, se enumeran las prohibiciones y limitaciones ya recogidas en la legislación estatal en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad en cuanto a actividades relacionadas con “pesca de arrastre, ubicación de instalaciones de acuicultura, extracciones de áridos, vertidos de materiales dragados y de salmueras procedentes de desaladoras y el fondeo incontrolado”. La retirada de restos de posidonia muerta según la época del año y la morfología del terreno también se contemplan en el documento. Asimismo, se recurrirá a la ley balear 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) para establecer sanciones. 

El Gobierno Balear quiere iniciar un proceso de participación anterior a la tramitación ordinaria del decreto. Por ello, el martes fue remitido a los interesados: el sector náutico, grupos ecologistas, consells insulares y ayuntamientos con el fin de que aporten sugerencias.