Canarias elevará al Constitucional el enfrentamiento con el Gobierno Central por los hoteles de RIU

El Gobierno de Canarias materializará su amenaza al Ejecutivo Central, iniciando un conflicto de competencias por la disputa de los expedientes de extinción que pesan sobre los hoteles de RIU Hotels & Resorts en Corralejo (Fuerteventura): el Riu Oliva Beach Resort y el Riu Palace Tres Islas. Tras llevar meses reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica el traspaso de ambos informes, el Ejecutivo autonómico ha decidido iniciar un mecanismo para frenar su tramitación que, en caso de no haber acuerdo, acabará en el Tribunal Constitucional (TC).

El gobierno autonómico insiste en que le corresponde la tramitación de los expedientes sobre los establecimientos de RIU, que se encuentran sobre la arena del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, ya que el pasado 1 de enero recibió las competencias en materia de Costas de parte del Estado. De hecho, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, afirmó hace un mes que los hoteles “van a seguir” donde están, tratando de transmitir “calma” a los trabajadores. Sin embargo, desde Transición Ecológica alegan que el carácter extraordinario de ambos expedientes justifica su negativa a cederlos.

“Se han traspasado las funciones relacionadas con las concesiones ordinarias, pero en estos dos casos se trata de concesiones compensatorias que se dan por la pérdida de propiedad al realizar un deslinde. La competencia depende del Estado porque, como titular del dominio público, es el que debe realizar los deslindes y determinar las posibles compensaciones”, han asegurado a Cinco Días desde el ministerio dirigido por Teresa Ribera.

Desde la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo canario han confirmado al citado medio que ya han remitido la carta que exige la devolución de los expedientes y que, en caso de no recibirlos en un plazo de 30 días, iniciarán el conflicto de competencias con el Gobierno central. En primer lugar, se constituirá una comisión bilateral entre ambos Ejecutivos para tratar de solventar las diferencias y si no hay acuerdo lo tendrá que hacer el Tribunal Constitucional.
 

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