Uber ha decidido llevar a los tribunales la nueva regulación del transporte en Baleares. La compañía ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto aprobado en febrero por el Govern. La norma establece por primera vez un marco integral para taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC), con el objetivo de ordenar un sector clave tanto para residentes como turistas.

El decreto fija límites a la concesión de nuevas licencias en función de criterios como la congestión del tráfico o la calidad del aire, en un contexto de fuerte presión sobre la movilidad en las islas. Solo en 2023 se registraron más de 10.000 solicitudes de nuevas licencias, una cifra que el Ejecutivo considera “desproporcionada” frente a las algo más de 3.000 existentes en la actualidad.

Según recoge Diario de Mallorca, el Govern defiende que la regulación busca aportar “seguridad jurídica” y evitar un crecimiento descontrolado del sector en un territorio limitado. La norma también introduce exigencias medioambientales —como el uso de vehículos con distintivo ECO o cero emisiones—, así como medidas para mejorar la accesibilidad y combatir el intrusismo.

Además, el texto mantiene la obligatoriedad de la contratación previa para los servicios VTC, aunque sin establecer un tiempo mínimo de antelación, y contempla autorizaciones excepcionales en casos puntuales. El objetivo, según la Administración, es compatibilizar la actividad económica con la sostenibilidad y la calidad del servicio.

La impugnación por parte de Uber abre ahora un nuevo frente judicial en torno a la regulación del transporte en Baleares, un ámbito especialmente sensible en destinos turísticos donde la movilidad se convierte en un factor clave para la experiencia del visitante.