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La Audiencia Nacional ha validado la decisión de RIU Hotels & Resorts de retirar tres proyectos de reforma presentados en 2017 para el complejo Oliva Beach, en Fuerteventura. Con esta decisión, se confirma el cierre del procedimiento administrativo contra las actuaciones propuestas por la hotelera que podían suponer un aumento de su ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incumpliendo la Ley de Costas.
Según informa El Diario, el tribunal ha desestimado el recurso de la asociación ecologista El Turcón, que pretendía evitar el cierre del citado expediente administrativo. La resolución judicial confirma que la empresa tiene derecho a desistir de sus planes iniciales. Aunque RIU optó por abandonar estos planes tras recibir múltiples requerimientos de subsanación, los colectivos ecologistas mantienen su preocupación por que futuras modernizaciones puedan invadir el espacio dunar. De hecho, tras el fallo, instan al Ministerio para la Transición Ecológica a ejercer una supervisión rigurosa que garantice únicamente la conservación de lo ya edificado.
Este escenario jurídico se produce en un momento crítico para el complejo hotelero, que enfrenta una orden de demolición. En febrero de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dictó una resolución declarando la caducidad de la concesión —otorgada en 2003 y prorrogada en 2016 por un plazo de 75 años— al considerar que se habían producido incumplimientos graves, incluyendo obras no autorizadas.
Esto desató una disputa entre el gobierno central y el autonómico que zanjó el Tribunal Constitucional a finales de 2024, determinando que, aunque las competencias en materia de Costas fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias en 2023, el Estado mantiene la potestad para decidir sobre la caducidad de concesiones otorgadas previamente. Por su parte, la empresa propietaria ya ha anunciado recursos legales contra la orden de derribo.
