Iberostar hipoteca dos hoteles como garantía ante Hacienda por una deuda tributaria de 64,5 millones

Iberostar ha hipotecado dos hoteles valorados conjuntamente en 145 millones de euros para paralizar la ejecución de una deuda tributaria de 64,49 millones reclamada por la Agencia Tributaria. El grupo hotelero ha recurrido la liquidación ante la Audiencia Nacional, correspondiente al impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2016 y 2017, y ha aportado los establecimientos como garantía mientras se resuelve el procedimiento judicial.

Los inmuebles ofrecidos son el Club Cala Barca, situado junto al parque natural de Mondragó, en Mallorca, y el Gaviotas Park, en primera línea de la playa de Jandía, en Fuerteventura. Ambos son complejos de cuatro estrellas y régimen de todo incluido. La garantía hipotecaria ha sido aceptada por la Audiencia Nacional, que ha acordado suspender la ejecución de la deuda hasta que exista una sentencia firme.

Según recoge Cinco Días, la deuda está compuesta por 55,55 millones de euros de principal y 8,93 millones en intereses de demora. La Abogacía del Estado se había opuesto inicialmente a la suspensión, aunque aceptó esta posibilidad de forma subsidiaria si Iberostar aportaba una garantía suficiente que asegurase el cobro en caso de que los tribunales finalmente diesen la razón a Hacienda.

La decisión judicial tiene su origen en un conflicto fiscal que comenzó en 2019, cuando la Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación sobre los ejercicios 2014-2017 del impuesto sobre sociedades y 2015-2017 del IVA. En 2022, el grupo recibió liquidaciones por más de 115 millones de euros, más intereses de demora, tras firmar en disconformidad determinadas actas de inspección.

Iberostar ya había constituido en enero de 2023 garantías sobre otros inmuebles y establecimientos hoteleros de sus filiales para respaldar las cantidades reclamadas por Hacienda. Ahora, la Audiencia Nacional considera suficiente la nueva garantía y mantiene la suspensión mientras continúa el litigio, aunque advierte de que la medida cautelar podría modificarse o revocarse si cambian las circunstancias del procedimiento.