Nuevo contratiempo para Lopesan Hotel Group en el sur de Gran Canaria. Además de la paralización e investigación de sus obras en los barrancos de Pasito Blanco y El Toscón, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana/Maspalomas, ahora también se topa con problemas en un proyecto por el que llevaba esperando 24 años.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó una modificación menor del Plan Parcial Meloneras 2A que, entre otros, daba luz verde a la construcción de 5 hoteles. Sin embargo, ha intervenido el Gobierno de Canarias, que pide al Consistorio que anule la citada modificación por problemas con una de las parcelas afectadas por el plan.

En concreto, tal y como informa Atlántico Hoy, la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias alertó al Ayuntamiento de que la parcela APHB-3 (de 56.136 metros) debería ser reclasificada como rústica a tenor de la moratoria turística que estuvo vigente desde 2009 a 2013. No obstante, esto no está contemplado en el plan del ayuntamiento, que mantiene su uso turístico y da permiso para un incremento de la edificabilidad.

Acuerdo extrajudicial


Sin embargo, todo apunta a que el Ayuntamiento no anulará la modificación, y se encuentra a la espera de que Lopesan alcance un acuerdo extrajudicial con el Ejecutivo autonómico que desbloquee el ambicioso proyecto.

La Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial, vigente entre 2009 y 2013, otorgaba a los propietarios de suelos urbanos de uso turístico el plazo de un año para solicitar su reclasificación a rústico a cambio de una indemnización. En caso de no hacerlo, se veían obligados a mantener sus proyectos edificatorios paralizados durante al menos cinco años.

La respuesta por parte de los propietarios sobrepasó a la administración autonómica, con 36 expedientes que solicitaron la recalificación a rústico. Sin embargo, pese a seguir el procedimiento, ni los ayuntamientos llevaron a cabo las recalificaciones, ni el Gobierno de Canarias calculó y pagó el justiprecio en compensación. Ante la inacción administrativa, los afectados —incluido Lopesan— recurrieron a los tribunales con pleno de sentencias favorables. Para evitar pagar hasta 1.000 millones de euros, el Gobierno autonómico se encuentra en pleno proceso de negociación que estaría cerca de llegar a una conclusión y que podría desbloquear definitivamente el Plan Parcial Meloneras 2A.