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El Gobierno central ha vetado la tramitación en el Congreso de la ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament balear, una iniciativa que pretendía dar a las Islas mayor capacidad de decisión sobre el número de vuelos, las tasas aeroportuarias y las inversiones en sus cuatro aeropuertos. El Ejecutivo considera que la propuesta tendría consecuencias directas sobre los ingresos de Aena y, por ende, sobre las arcas del Estado.
Según recoge Última Hora, el Gobierno estima que la aplicación de algunas de las medidas planteadas podría reducir los ingresos de Aena en varios cientos de millones de euros durante el periodo 2027-2031. El informe toma como referencia una previsión de 49 millones de pasajeros en los aeropuertos baleares para 2026 y calcula que una reducción de tarifas o la ausencia de crecimiento del tráfico supondrían pérdidas de ingresos aeronáuticos de 359,99 y 231,01 millones de euros, respectivamente.
El Ejecutivo también sostiene que otorgar capacidad vinculante al Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares podría interferir en las competencias exclusivas del Estado sobre los aeropuertos de interés general. Además, advierte de que limitar el crecimiento o modificar las inversiones previstas podría afectar a la conectividad de las Islas y al modelo de gestión conjunta de Aena, basado en compensar los resultados de los distintos aeropuertos de su red.
La propuesta balear pretendía precisamente introducir una mayor participación de las instituciones de las Islas en decisiones que afectan directamente a unas infraestructuras consideradas estratégicas para su economía y su conectividad. El Gobierno, sin embargo, defiende que las aerolíneas operan en un mercado liberalizado y deciden sus rutas en función de sus estrategias comerciales, mientras que Aena debe mantener una gestión coordinada de toda la red aeroportuaria española.
El informe rechaza asimismo que el actual modelo de gestión sea incompatible con los objetivos medioambientales y destaca las medidas de Aena en materia de descarbonización, economía circular y movilidad sostenible. Con el veto, la iniciativa legislativa impulsada desde Baleares queda frenada antes de poder avanzar en su tramitación parlamentaria.
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