El Consell de Mallorca ha abierto 376 actas de infracción a establecimientos turísticos en los siete primeros meses del año, 132 de los expedientes corresponden a alojamientos turísticos ilegales. A través del Departamento de Transición, Turismo y Deportes se han realizado tanto a alojamientos turísticos como a restaurantes y locales de entretenimiento de la isla balear.
El Área de Turismo, que obtuvo las competencias en materia de ordenación turística al comenzar 2022, ha compartido el número de registros ejecutados en negocios turísticos de la isla de Mallorca desde principios de año hasta el 31 de julio. De las 1.462 inspecciones, 1.006 han sido en alojamientos turísticos, 255 a intermediarios turísticos y 168 a restauración/locales de entretenimiento, entre otros.
Los alojamientos aglutinan las sanciones
Durante estos controles se han iniciado 376 actas de infracción:
- 292 actas a alojamientos turísticos:
- 160 por sobrecomercialización.
- 132 por actividad ilegal.
- 56 actas a locales de restauración/entretenimiento.
- 10 actas a intermediarios turísticos.
El consejero de Transición, Turismo y Deportes, Andreu Serra, ha destacado que siguen trabajando con "contundencia contra la actividad ilegal en los alojamientos turísticos y en la lucha contra el turismo de excesos. En plena temporada turística se redoblan esfuerzos por poner fin a esta lacra”.
Saturación turística en Mallorca
El plan de ordenación turística de 2022 tiene como una de sus prioridades la supervisión de las estancias turísticas vacacionales. Y es que además de las posibles irregularidades cometidas por los alojamientos turísticos, con el objetivo de garantizar la calidad ofertada, algo especialmente importante en un verano en que la isla está registrando una altísima ocupación turística.
Muchos de los visitantes que reservaron en 2020 y 2021, que no pudieron viajar debido a la pandemia, finalmente han podido aprovechar sus plazas en 2022. El solapamiento de viajeros ha abierto de nuevo el debate sobre la masificación turística y sus efectos sobre la población residente, incluso con un sorprendente consenso empresarial sobre la necesidad de limitar la actividad turística.