La nueva consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha manifestado este martes que su sello personal al frente de la Consejería será una “agenda reformista”, que incluye la revisión de las tres principales normas que regulan el sector en la comunidad autónoma. Así lo ha manifestado durante la reunión mantenida este martes en Tenerife con la consejera saliente, Yaiza Castilla, que ha servido para completar el traspaso de poderes e iniciar su gestión.
“La agenda reformista legislativa será el sello personal que vamos a dejar en los próximos cuatro años. Es el momento de que el Gobierno de Canarias posicione al turismo en el siglo XXI”, destacó de León. De cara a la nueva legislatura, la consejera ha remarcado que entre sus principales objetivos estará el atender a una “demanda histórica” de los empresarios del sector turístico. Por tanto, avanzó que bajo su gestión se reformarán, entre otras normas, la Ley de Ordenación del Turismo (1995), “que lleva sin actualizarse desde hace más de 20 años”; la Ley de Renovación y Modernización Turística (2013) y el Reglamento de las Viviendas Vacacionales (2015).
Estas dos leyes, más el decreto promulgado por el Ejecutivo autonómico para la regulación del alquiler vacacional, han sido materia de intenso debate en los últimos años en el archipiélago, dado que varios principios incluidos en sus textos han producido un gran conflicto entre empresarios del sector y particulares que explotan sus apartamentos o viviendas con fines turísticos.
El principal punto conflictivo de la Ley de Ordenación del Turismo es el principio de “unidad de explotación”, que establece que el aprovechamiento económico de un complejo de villas o apartamentos debe realizarse a través de una misma empresa designada o por parte de una comunidad de propietarios constituida como entidad explotadora, con el objetivo de priorizar la gestión profesional del servicio de alojamiento y de garantizar una utilización ordenada de los espacios comunes de los complejos.
Vista aérea de las zonas turísticas de Playa del Inglés y Maspalomas, en Gran Canaria (Canarias) | Foto: El Coleccionista de Instantes vía Flickr
Esto choca de frente con todos aquellos propietarios particulares que poseen un apartamento enclavado en un complejo más grande y que quieren explotarlo por su cuenta —normalmente a través de plataformas de alquiler vacacional—, una situación muy habitual en Canarias debido a la gran atomización de la propiedad en los complejos turísticos con más de 40 años de antigüedad.
Por su parte, otro de los principios más debatidos es el incluido en la Ley de Renovación y Modernización Turística aprobada hace justo una década, que estableció la “especialización de usos” en las zonas turísticas. Este precepto establece la exclusividad del uso turístico de los complejos y, por lo tanto, su incompatibilidad con el uso residencial en pro de “imprimir calidad al sector turístico”, tal y como reconocía la exjefa de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Rosa Martínez, en un debate sobre residencialización de núcleos turísticos celebrado el pasado mes de abril.
Este apartado, apoyado por los empresarios, ha motivado una gran movilización de propietarios particulares que viven en apartamentos turísticos, a los que dan un uso de residencia habitual y no como segunda vivienda. De hecho, la Plataforma de Afectados por la Ley Turística ha iniciado una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 15.000 firmas para solicitar al Parlamento de Canarias una modificación del principio de especialización de usos, ya que consideran que vulnera el derecho a la propiedad.
Por último, otro tema que pone en desacuerdo a muchos empresarios del sector es el Reglamento de las Viviendas Vacacionales de Canarias aprobado en mayo de 2015. Muchas voces se quejan de su escasa definición y su incapacidad de frenar los grandes complejos de viviendas de uso turístico que están surgiendo en las ciudades. En estos casos, un mismo propietario o empresa compra un edificio residencial y lo transforma en un complejo turístico urbano con licencias de vivienda vacacional. Este fenómeno es visto como competencia desleal hacia los hoteles urbanos, ya que los propietarios de estos edificios reconvertidos esquivan la exigente normativa que regula los alojamientos turísticos, ahorrándose grandes sumas de dinero.
