Escucha el artículo ahora…
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, ha dictado la suspensión cautelar de la licitación de Renfe destinada a crear una nueva filial de autobuses en colaboración con compañías del sector con un contrato cuyo valor total es de 923,3 millones de euros (sin IVA).
Lo hace en respuesta a los recursos presentados por la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) y de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), quienes alertaron sobre "graves irregularidades" en el proceso que calificaron como "excluyente". El Tribunal ha fundamentado su decisión en la necesidad de evitar perjuicios que podrían ser de "difícil o imposible reparación" si el procedimiento de contratación continuara su curso antes de resolver el fondo de la reclamación, por lo que el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva.
Un proceso enfocado a "un puñado de grandes corporaciones"
Ambas organizaciones consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos para entrar en la licitación resultan "totalmente desproporcionados" y dejan fuera del proceso a los postores más pequeños. Y es que la empresa ferroviaria estatal pedía una facturación igual o superior a los 75 millones de euros en, al menos, uno de los tres últimos años, que su flota se eleve a los 500 autobuses en propiedad (300 en caso de consorcios) y haber ejecutado contratos similares por valor de al menos 35 millones.
Ambas patronales consideraban estas exigencias un ataque directo a la libre competencia. Y es que, en España, el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses) y solo una decena de grandes grupos podrían optar a un contrato. De hecho, según ha desvelado Expansión, las tres grandes del sector en España se han postulado: Alsa, filial de la británica Mobico; Avanza, del grupo mexicano ADO; y la gallega Monbus.
"No entendemos por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes españolas", aseveran desde ANETRA y FENADISMER, exigiendo "una licitación transparente que garantice la participación real de todo el sector y no solo de un puñado de grandes corporaciones".
