Desde mucho antes del comienzo de la crisis en el 2008 varias instituciones, tanto empresariales como representantes de la sociedad civil canaria, comenzaron ya a solicitar a nuestro Gobierno Regional que pusiera fin a la Moratoria Turística. No solo justificaron sus perversos efectos, al principio, acelerando a destiempo infructuosos proyectos mal planificados, sino que nos alertaban todavía más del daño directo que podría acarrear, tras el ya largo tiempo transcurrido desde su injusta imposición, arruinando a empresas dueñas de planes parciales turísticos y que habían comprometido su inversión y créditos en el desarrollo de estos proyectos de urbanización con camas aprobadas por la propia Administración Pública. También auguraban, ante tal injusticia, los daños a las arcas públicas que supondrían posibles indemnizaciones en compensación a las reclamaciones de muchas empresas y particulares. 


La dureza de la crisis del 2008 y la negativa de la Administración a derogar la Moratoria agravó, todavía más, la solvencia de muchas empresas y particulares para superar esta situación. A los daños económicos directos a las empresas implicadas, se añadieron los colaterales alsector turístico que vio mermada su capacidad de crecimiento, diversificación e innovación. Esto contribuyó a la pérdida de competitividad de nuestro destino frente a otros que pudieron crecer para modernizarse, desarrollando productos turísticos innovadores y actualizados a las nuevas corrientes y necesidades de la demanda turística. 


La sangría continua ante la pasividad de la Administración para eliminar la Moratoria. El desatender un crecimiento justificado en el sector turístico ha contribuido, igualmente, a deprimir todavía más el de la construcción durante estos últimos años de escasez de recursos tras la dura coyuntura económica. Hemos renunciado inútilmente a la oportunidad que nos brindaba una actividad económica saneada de nuestro principal motor económico, que es el turismo; con el perjuicio añadido para muchos canarios que pudieron haber sorteado la crisis sin pasar tantas penurias por el alto nivel de desempleo, sobre todo, en una región con tantas ventajas competitivas para este desarrollo sostenible.


A tal sinsentido, y como era de esperar, las reclamaciones de los implicados contra la Administración están surtiendo efecto tras varias sentencias del Tribunal Supremo con graves contingencias económicas para el bolsillo de todos los canarios.


Y desde el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) nos preguntamos, ¿qué están haciendo nuestros políticos para solventar, de una vez por todas, este latrocinio? ¿Van a seguir permitiendo que continúe el taxímetro de las indemnizaciones e intereses financieros correspondientes? ¿Quiénes son los responsables de este desacierto? ¿Cuándo van a derogar, de una vez por todas, la malévola moratoria? ¿Van a comenzar a negociar con los afectados alternativas que no supongan el uso de recursos públicos? ¡Por favor, demuestren algo de liderazgo ya de una vez por todas!