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El Gobierno canario, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), ha elevado al Ejecutivo central una propuesta de real decreto ley que prohíbe adquirir viviendas en este archipiélago a toda persona que no lleve diez años consecutivos empadronada en él —o 15 años de forma discontinua—. Esta norma se aplicaría tanto a españoles como a extranjeros y supondría prácticamente el fin de la adquisición de segundas viviendas, una práctica extendida en las islas, donde muchos extranjeros compran una segunda casa donde pasan los meses de invierno huyendo de los rigores climáticos de sus países de origen.
Esta exigencia afectaría tanto a viviendas libres como a las sujetas a protección pública y se extiende a los contratos de alquiler con opción de compra, así como a la constitución o transmisión inter vivos de derechos reales de usufructo y de superficie sobre las viviendas. Solo las herencias quedarían exentas.
En todo caso, según la propuesta presentada por el Ejecutivo autonómico que preside Fernando Clavijo, los no residentes solo podrían comprar dos viviendas en Canarias, que además deberán ubicarse en diferentes municipios. Las personas jurídicas (empresas o sociedades de inversión) únicamente podrán adquirir casas en las islas si su fin social es venderlas o alquilarlas a personas físicas. Las restricciones se aplicarían durante diez años y las operaciones que las incumplan serán nulas y no podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad.
"Defendemos limitar la compra de viviendas por no residentes y dar prioridad a quienes tienen aquí su proyecto de vida", explican desde CC, formación que reta al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez a hacer suya la propuesta: "Canarias ha hecho su parte. Ahora le toca al Gobierno del Estado responder".
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