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El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nula la ordenanza que regulaba la tasa turística en el municipio.
Desde el consistorio del segundo municipio con mayor número de pernoctaciones de la isla consideran que la sentencia "incurre en errores jurídicos sobre la autonomía local, contradicciones al reconocer y luego negar la finalidad sostenible del tributo, y apreciaciones no fundamentadas sobre la definición del hecho imponible y el cumplimiento del principio de equivalencia". Por ello, el consistorio interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que dispone de un plazo de 30 días.
La alcaldesa, Onalia Bueno, ha recordado que la tasa continúa en vigor hasta que no exista una sentencia firme, y que los cerca de 1,4 millones de euros recaudados hasta el momento permanecerán congelados hasta entonces.
En una comparecencia ante los medios acompañada del director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, ha sostenido que el fallo judicial no se ajusta a la realidad del tributo, ignora la capacidad normativa de las entidades locales y pasa por alto la documentación técnica aportada por el ayuntamiento. La primera edil ha remarcado que, en contra de la afirmación del TSJC, los municipios sí que pueden crear nuevas tasas cumpliendo los requisitos legales, poniendo de ejemplo la ecotasa creada y aplicada por el Cabildo de Tenerife.
Por su parte, Álamo explicó que, pese a que el magistrado sostiene que los servicios incluidos en la tasa son “ambiguos”, el hecho imponible se define de forma precisa por servicios sostenibles y esenciales que el Ayuntamiento presta de manera efectiva al turista, como el ciclo integral del agua –abastecimiento y depuración del agua consumida–; la economía circular –recogida y tratamiento de residuos generados–; y la promoción turística sostenible –acciones para mantener un destino competitivo y responsable–. Unos servicios que, hasta la entrada en vigor de la tasa, eran sufragados exclusivamente por los residentes pese a que, según sus datos, los turistas representan el 44,75% del uso.
Desde el ayuntamiento insisten en que en ningún momento el objetivo fue generar superávit, financiar otras actividades municipales o gravar al turista por el mero hecho de serlo y destacan que seguirán defendiendo un "modelo fiscal justo".
