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Ibiza lleva a cabo una ofensiva contra asentamientos ilegales antes de la temporada turística
Las inspecciones de la Policía Local y la Guardia Civil se han saldado con 15 denuncias por diversas infracciones
Con el arranque de la temporada de verano, los esfuerzos de las autoridades de la isla de Ibiza no solo se concentran en la oferta turística ilegal, sino que también han puesto el foco en los asentamientos ilegales en torno a zonas forestales o arboladas del municipio de Ibiza.
Un dispositivo especial conjunto de la Policía Local de Eivissa y la Guardia Civil ha llevado a cabo inspecciones de control sobre diversos asentamientos y acampadas en zonas no autorizadas del municipio, como Cas Mut y Can Misses.
El trabajo de Policía Local se ha centrado en el cumplimiento de ordenanzas municipales relacionadas con el control de vehículos, la prohibición de acampar y la gestión de residuos. Por su parte, la Guardia Civil, ha centrado sus actuaciones en la prevención de incendios y bienestar animal. La actuación, en la que se ha identificado a 31 personas y 5 vehículos, se ha saldado con 15 denuncias.
En total, la Policía Local ha interpuesto un total de 6 sanciones a vehículos estacionados en zona forestal y una denuncia por incumplir la ordenanza municipal de residuos. Igualmente, se investiga la titularidad de otros vehículos estacionados sin placa de matrícula, que podrían ser igualmente sancionados.
La Guardia Civil, por su parte, ha interpuesto 4 denuncias por haberse realizado fuegos en un entorno forestal con gran riesgo e incendio. También se han iniciado actuaciones en relación con dos perros, que si bien contaban con la vacunación al día y se encontraban en buen estado, sus propietarios no contaban con la preceptiva licencia PPP requerida para su raza.
Tanto Policía Local como Guardia Civil recuerdan a la población la prohibición y el gran riesgo que supone realizar fuegos en entornos forestales o con gran masa vegetal y forestal, así como la prohibición de acampar en estos entornos no autorizados, lo que suponen infracciones contra la Ley de Montes, con cuantías superiores a 10.000 €.
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