R. Dominicana quiere aprobar nuevas tasas para embarcaciones y restricciones al turismo náutico

El Ministerio de Turismo de República Dominicana (Mitur) ha presentado un proyecto para regular el turismo náutico que contempla nuevas tarifas para registrar e inspeccionar embarcaciones, obtener permisos de navegación y operar servicios turísticos en el mar. La propuesta también incluye restricciones a determinadas actividades comerciales y permanece abierta a consulta pública hasta el 30 de octubre.

El borrador establece tasas calculadas en función de las dimensiones de las embarcaciones y la potencia de sus motores. Entre los importes previstos figuran cuatro dólares por pie para la matrícula inicial, tres dólares por pie para la inspección y el certificado de navegabilidad, y 20 dólares por cada llegada de una embarcación procedente del extranjero. Los barcos extranjeros que permanezcan más de seis meses en el país tendrían que registrarse o disponer del permiso de navegación correspondiente.

Una de las medidas con mayor repercusión potencial para la oferta de ocio es la prohibición del alquiler comercial o turístico de motos acuáticas y equipos similares, incluidos los jet skis y otros dispositivos recreativos. El uso privado de estos aparatos en las playas seguiría sujeto a las disposiciones específicas del Ministerio de Turismo.

La normativa también exigiría a las empresas que ofrecen actividades náuticas entre distintos puntos del país disponer de una licencia anual renovable expedida por el Mitur. El requisito abarcaría servicios como excursiones marítimas, pesca deportiva, buceo, esnórquel, parasailing y alquileres náuticos, con determinadas excepciones para yates extranjeros autorizados temporalmente. Además, el texto contempla medidas de seguridad, prevención de la contaminación marina y responsabilidades para los propietarios de embarcaciones abandonadas o que causen daños.

Para coordinar la aplicación del marco regulatorio, el proyecto prevé crear una comisión interinstitucional con participación de organismos públicos relacionados con el turismo, la defensa, el medio ambiente, las aduanas y la seguridad portuaria, así como representantes del sector privado. El objetivo es ordenar la actividad náutica y elaborar un plan nacional para este segmento. Al tratarse de un borrador sometido a consulta, las medidas todavía no deben considerarse definitivas.