La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha anunciado que trabaja para dar respuesta a los propietarios que residen en apartamentos de zonas turísticas, una cuestión que, según defendió la consejera Jessica de León en el Parlamento autonómico, “requiere diálogo y colaboración entre las distintas administraciones”. En su intervención ha insistido en la necesidad de encontrar soluciones que permitan atender la realidad de los propietarios y recordó la importancia de contar con los ayuntamientos, competentes en la ordenación urbanística y que conocen las circunstancias de cada municipio.

Estas afirmaciones se producen una semana después de que Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que conforman el Gobierno, vetaran una propuesta socialista que abogaba por reconocer la compatibilidad de usos residenciales en parcelas turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico. 

La Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística establece la exclusividad del uso turístico de los complejos y, por lo tanto, su incompatibilidad con el uso residencial. Sin embargo, durante años, son muchos los propietarios que decidieron o se vieron obligados a residir en complejos turísticos pese a estar prohibido. Se estima que hay 70.000 personas en esta situación y que se pueden enfrentar a multas, cuyas cuantías oscilan entre los 2.000 y los 9.000 euros.

“No nos gusta la ley, cambiémosla, es nuestro compromiso”, ha afirmado De León, quien defendió la necesidad de adaptar la regulación para respetar la situación de los propietarios que actualmente residen en estos complejos. La propuesta se enmarca en la elaboración de una nueva ley que vertebrará al sector turístico de las islas, que unificará la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y abordará cuestiones como la renovación de los establecimientos alojativos, la sostenibilidad, la calidad de la oferta y la ordenación de los usos del suelo turístico, con el fin de compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida de la población residente y preservar la competitividad de Canarias como destino.

La consejera ha defendido que esta actualización de la normativa recogerá medidas dirigidas a dar respuesta a los propietarios que hayan consolidado el uso residencial de sus propiedades, de manera que puedan quedar fuera de la explotación turística, y adelanta que abordará otras situaciones, como las viviendas vacacionales ubicadas en suelo turístico.

 

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