El Gobierno de Países Bajos ha anunciado su intención de limitar aún más el precio del alquiler residencial a partir de enero de 2024 con el objetivo de hacer frente a la escasez de vivienda.

La idea del ejecutivo es ampliar más el número de viviendas denominadas como sociales, es decir, aquellas cuyo precio está regulado por el Estado. Para ello se valdrán del sistema de puntos que asigna a los hogares un valor en función del tamaño, la eficiencia energética, los espacios exteriores o las prestaciones.

Hasta ahora, se consideraba vivienda social aquellas por debajo de los 141 puntos y se les aplicaba un tope máximo de 760 euros. A partir de 2024, todas aquellas que tengan una puntuación por debajo de los 186 puntos, pasarán a estar reguladas y tendrán un precio máximo de 1.100 euros, según detalla RTL News.

 Se estima que hasta 300.000 viviendas se verán afectadas, si bien el cambio no se aplica a los contratos actualmente suscritos, sino que será obligatorio en los nuevos. Por ello, muchos sospechan que, una vez roto el contrato actual, muchos propietarios optarán por vender el inmueble o por dar el salto al alquiler vacacional. El sindicato Vastgoed Belang apuntan a que una media de 25.000 viviendas abandonará anualmente el mercado del alquiler residencial.

Esta fuga de viviendas puede enfocar a muchos a comercializarlas por plataformas como Airbnb, más si se tiene en cuenta que hay vía libre en ubicaciones como el centro de Ámsterdam, donde los tribunales anularon la prohibición del alquiler vacacional.