El conflicto entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) por la regulación de los pisos de alquiler vacacional en el Plan General de Ordenación (PGO) se enreda en los tribunales. Entre otros aspectos, la norma establece que las viviendas vacacionales deben estar situadas en plantas inferiores a las residenciales y deberán contar con una entrada al edificio que sea independiente.
Ascav reclamó judicialmente la anulación de la normativa "porque supone una prohibición encubierta" de las viviendas vacacionales, puesto que consideran que es imposible cumplir el requisito. La demanda fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado 4 de marzo y ahora, el Consistorio ha anunciado que la recurrirá.
El concejal de Urbanismo palmense, Javier Doreste, ha explicado que “se basan (Ascav) en un principio erróneo, ellos dicen que se ha prohibido y no es así. Se regula como cualquier actividad comercial”.
Según apuntan desde el diario La Provincia, al Ayuntamiento le preocupa el hecho de que no se puede controlar qué personas se alojan en una vivienda vacacional, especialmente en tiempos de pandemia. Doreste ha explicado que tratan de regular la actividad también “por el efecto que tiene sobre la subida de los alquileres en la ciudad”.
