Galicia busca una alternativa a la demolición de 52 chalés de lujo

La urbanización de Os Raeiros, conformada por 52 chalés adosados y ubicada en San Vicente do Mar (O Grove, Pontevedra), se ha salvado de la demolición, dictada en más de una veintena de sentencias judiciales, durante 10 años. Lo cierto, es que se encuentra en suelo clasificado como no urbanizable y protegido por Costas, pero la Xunta de Galicia insiste en que puede salvarse de la piqueta.

Según ha informado El País, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) del Gobierno autonómico asevera que el caso de Os Raeiros tiene solución, la cual pasa por “reformular el sentido de la parcelación para adaptarse al uso turístico de la licencia” (obtenida en 1993 para construir un apartotel turístico que nunca se erigió). Una carambola legal que intentó llevarse a cabo en 2015, pero que quedó paralizada por un informe en contra de la Dirección General de Registros y el Notariado, organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

La Aplu asegura que las sentencias dictadas las últimas semanas “responden a las acciones emprendidas por los afectados para evitar el derribo de sus inmuebles, apelando a su legalización por la vía de deshacer la parcelación actual de la urbanización”. “Ante esta situación, los propietarios deben decidir entre la demolición o el cambio de uso residencial de la parcela”, insistió la Axencia.

Mientras, los jueces consideran que la reposición de la legalidad es una utopía, ya que desde que el anterior Gobierno amenazara con el derribo en 2007, tanto la empresa constructora como los propietarios pasaron por alto la posibilidad de rectificar, suprimiendo la parcelación ilegal, debido al coste que tendría para los propietarios la demolición (superior a un millón de euros).  

Por ello, la única solución para los tribunales es la piqueta. Tal es así, que en los últimos fallos del pasado noviembre, concluyeron que el estado actual de la urbanización “conculca la legalidad urbanística”, así como que las obras ejecutadas no están “amparadas por la licencia”, ya que resulta “clara la existencia de los apartamentos como fincas independientes y de propietarios individuales en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al régimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial”.

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