El Cabildo de Gran Canaria ha lanzado una campaña contra la aerolínea canaria Binter por operar vuelos entre el Archipiélago y la ciudad de Dajla, la antigua Villa Cisneros española, ubicada en la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos y reclamada por la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Según informa La Provincia, Carmelo Ramírez, consejero de Solidaridad Internacional del gobierno insular, ha apoyado abiertamente las tesis de la RASD y del Frente Polisario de que los vuelos de Binter Canarias hacia Dajla o El Aaiún están "incumpliendo la legalidad internacional". Además de criticar duramente a la línea aérea, ha anunciado que esa institución emprenderá "acciones jurídicas" para torpedear sus operaciones.
"La representación del pueblo saharaui y de ese territorio la tiene el Frente Polisario, y a Binter no le basta con tener la autorización de Marruecos, sino de los legítimos representantes", ha recalcado Ramírez quien igualmente ha exhortado a las empresas del Archipiélago canario a no secundar el llamamiento de las instituciones marroquíes para invertir en la región de Dajla-Río de Oro, una de las tres Provincias del Sur del reino alauí (terminología que Marruecos emplea para referirse a los territorios ocupados y en disputa con la RASD y el Frente Polisario). Yanja El Khattat, presidente de su Consejo Regional, hizo recientemente una convocatoria pública al empresariado español y canario para invertir y contribuir al crecimiento de la región.
"Hacer acuerdos de carácter económico o empresarial con la Administración marroquí es incumplir la legalidad y contribuir al expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui, como sucedió trayendo arena a algunas playas canarias, que es un delito", ha afirmado Ramírez.
La respuesta no se ha hecho esperar y son algunas las instituciones que han rechazado la postura del gobierno insular de Gran Canaria. Así, tanto la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, como el cónsul general de Marruecos, Ahmed Moussa, expusieron al respecto que el Cabildo grancanario, no tiene competencias en política exterior, extremo que le corresponde al Gobierno de España. Desde el propio Gobierno de Canarias, a través de su vicepresidente Pablo Rodríguez, han calificado esta situación como "un desacierto" del Cabildo de Gran Canaria.
