La Comisión Europea quiere librar a Canarias de la tasa de emisiones hasta 2035

La Comisión Europea ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2035 la exención para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) —como Canarias— de los derechos de emisión para los vuelos y trayectos marítimos nacionales con origen o destino en las mismas. Si la medida recibe el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, aerolíneas y navieras seguirán sin asumir ese coste adicional en las conexiones entre Canarias y el resto de España, así como en los desplazamientos interinsulares, evitando un posible encarecimiento del transporte para residentes, turistas y empresas.

Según informa La Provincia, la propuesta busca preservar el régimen específico del que disfrutan las RUP dentro del sistema europeo de comercio de derechos de emisión, teniendo en cuenta factores como la lejanía, la insularidad y la fuerte dependencia del transporte aéreo. La iniciativa forma parte del paquete de simplificación de la normativa climática impulsado por la Comisión Europea.

Un estudio encargado por el Gobierno de Canarias estimó que, sin esta excepción, el precio de los billetes interinsulares podría incrementarse entre dos y tres euros, mientras que los vuelos entre el archipiélago y la Península podrían encarecerse entre 15 y 20 euros por pasajero. El impacto también alcanzaría a viajeros por motivos laborales, sanitarios, educativos o familiares, además del sector turístico.

La propuesta mantiene la exención para las emisiones generadas en vuelos entre aeropuertos situados en una misma Región Ultraperiférica o entre una RUP y otro aeropuerto del mismo Estado miembro, lo que en el caso de Canarias incluye tanto las conexiones entre islas como los enlaces con el resto del territorio español.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valoró el anuncio como un respaldo a la estrategia del Ejecutivo autonómico para compatibilizar la descarbonización del transporte con las necesidades de movilidad del archipiélago. No obstante, la medida aún deberá ser negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su entrada en vigor.