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Fruto de la instrucción judicial en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra y varios colaboradores por presunto blanqueo de capitales y organización criminal, ha trascendido que la aerolínea tenía una deuda aplazada con la Seguridad Social de 451.954,79 euros cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) autorizó el rescate público de 53 millones de euros.
Para poder optar a dicho préstamo, que se lanzó para ayudar a empresas estratégicas a superar la pandemia, uno de los requisitos era "hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social". ¿Cómo fue posible? Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social explican al diario El Mundo que "es compatible estar al corriente con tener reconocido un aplazamiento de deuda" y remarcan que el aplazamiento de cuotas "es una herramienta habitual".
No obstante, el juez instructor, José Luis Calama, considera sospechoso que la aerolínea obtuviese el 20 de agosto un certificado de estar al corriente, pese a acumular la citada deuda de casi medio millón, que correspondía a "un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020". Calama también incide en que la compañía aérea obtuvo un nuevo aplazamiento de su deuda en octubre de 2020, cuando ya había presentado la solicitud de rescate de la SEPI un mes antes y, para ello, presentó dos certificados de estar al corriente de sus obligaciones.
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