Ya se conocen más detalles sobre el registro por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la sede de la aerolínea Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción investiga si la compañía desvió parte de los 53 millones de euros del rescate de la SEPI que recibió en 2021 para blanquear fondos procedentes de Venezuela.
Según El País, la denuncia de Anticorrupción llegó tras recibir peticiones de cooperación internacional de Francia y Suiza, cuyos fiscales indagaban en una red de blanqueo con ramificaciones en España. Ambas autoridades solicitaban autorización para registrar domicilios en varias provincias, lo que llevó al ministerio público español a construir la hipótesis de que la aerolínea habría hecho un uso ilícito del dinero del rescate.
La documentación enviada por Anticorrupción señala que los fondos públicos se habrían desviado para saldar préstamos firmados con sociedades vinculadas a una organización criminal dedicada a operaciones opacas, incluida la venta de oro venezolano. La Fiscalía sostiene que la compañía podría haber usado el dinero público para realizar transferencias a cuentas en el extranjero asociadas a esa red.
La denuncia inicial fue presentada en la Audiencia Nacional en octubre del pasado año, pero este órgano rechazó asumir el caso por entender que no entraba dentro de sus competencias. La Fiscalía remitió entonces el expediente al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que investigó y archivó provisionalmente la causa sobre el rescate de Plus Ultra debido a un error en los plazos de instrucción.
Aquel procedimiento previo, en el que participaban Vox, PP y Manos Limpias como acusaciones, analizaba si la aerolínea cumplía las condiciones para recibir la ayuda pública, así como el pago posterior a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los peritos judiciales habían cuestionado la solvencia de Plus Ultra desde 2019, en contraste con los informes favorables emitidos por la SEPI.
La investigación reactivada apunta ahora a un entramado que habría utilizado préstamos, compras inmobiliarias y movimientos de capital entre España, Suiza, Francia, Emiratos Árabes y Panamá para ocultar fondos procedentes de malversaciones en Venezuela, especialmente de los programas alimentarios CLAP y de ventas de oro. Más personas podrían ser detenidas en los próximos días, pero, por el momento, la magistrada mantiene la causa en secreto y la Fiscalía habla ya de indicios de una posible “defraudación al Estado”.
