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El acuerdo cerrado por el Gobierno canario con los hoteleros damnificados por la moratoria turística decretada en el archipiélago a principios de este siglo supone que los empresarios renuncian a la mitad de la indemnización que les habían reconocido los tribunales. La cantidad reclamada y reconocida ascendía ya a más de 1.000 millones con el correr de los intereses, pero finalmente las hoteleras solo recibirán 500 millones y desisten de forzar la ejecución judicial. El pacto alcanzado beneficia a ambas partes: el Gobierno se ahorra 500 millones de euros, pero los empresarios podrán materializar los proyectos frenados en su momento por la moratoria.
La moratoria original, aprobada en 2001, frenaba la construcción de nuevos alojamientos, en un intento de limitar el crecimiento desatado de la planta turística en las islas. Los empresarios afectados no dudaron en acudir a los tribunales, que respaldaron sus pretensiones. A la vista de esta circunstancia, en 2009 el Gobierno canario ofreció a estos empresarios la recalificación de los terrenos turísticos afectados en rústicos a cambio de una serie de indemnizaciones. Un total de 36 proyectos frustrados por la moratoria pidieron acogerse a esa posibilidad, que finalmente quedó empantanada, sin materializarse las recalificaciones ni las indemnizaciones, explica La Provincia.
Los empresarios que se habían acogido a la medida exigieron en los tribunales que se ejecutara; estaban dispuestos a recalificar los terrenos como rústicos a cambio de ser indemnizados. La Justicia les dio la razón, pero el Gobierno seguía sin ejecutar la medida. Mientras tanto, los intereses de la deuda iban corriendo y ya se cifraba esta en un monto de más de 1.000 millones.
En febrero de 2025 trascendió que el Gobierno autonómico negociaba para llegar a un acuerdo, que es el que se ha cerrado recientemente. Al pactar con el Ejecutivo y renunciar a que se ejecute la resolución judicial, los hoteleros admiten una quita de 500 millones sobre sus pretensiones iniciales, pero también mantienen la calificación turística de los suelos afectados, por lo que queda intacta la posibilidad de materializar los proyectos frenados u otros diferentes en esas parcelas.
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