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El Gobierno de Canarias indemnizará a varias empresas del sector hotelero con 500 millones de euros, tras llegar a un acuerdo que pone fin a un cuarto de siglo de desencuentros y litigios.
Estos hoteleros, perjudicados por la moratoria hotelera, reclamaban en los tribunales un total de 1.000 millones, pero renuncian a la mitad de la indemnización y desisten del procedimiento judicial a cambio de cerrar ya un acuerdo directamente con el Gobierno que les asegure que al menos percibirán los 500 millones acordados.
El pacto da carpetazo a un verdadero culebrón con una reparación económica que causa un importante quebranto en las arcas autonómicas (500 millones de euros equivalen a un 4% del presupuesto regional), pero podía haber sido mucho peor de haber prosperado las pretensiones de los hoteleros afectados y su reclamación de 1.000 millones en concepto de indemnización. En todo caso, los primeros pagos correspondientes al acuerdo ya han comenzado a tramitarse, según fuentes próximas a la operación citadas por La Provincia.
Litigios desde 2001
La indemnización tiene su origen en la moratoria turística impulsada por el Gobierno canario entre 2001 y 2003, que suspendió el otorgamiento de licencias para alojamientos, tratando de reconducir así la inversión del sector hacia la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta. Muchos proyectos quedaron, pues, guardados en los cajones de los empresarios, que no podían darles salida.
Para ofrecer justamente una salida, la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial, vigente entre 2009 y 2013, permitió a los propietarios de ciertos suelos turísticos su reclasificación como rústicos. Esto suponía una pérdida de valor de las parcelas y abría la puerta a la reclamación de compensaciones por la consiguiente pérdida de derechos urbanísticos. Por ello, se iniciaron los expedientes para compensar, que finalmente derivaron en litigios judiciales que afectaban a 36 casos, porque las reclasificaciones y compensaciones no se resolvieron en los plazos previstos.
Mientras los años pasaban entre meandros judiciales y enquistamientos de los procesos, los intereses de las indemnizaciones no paraban de crecer, hasta superar un monto total de 1.000 millones de euros. El acuerdo cerrado ahora, que cuenta con el beneplácito de la Justicia, pone fin a esta larguísima contienda. Queda por ver, en todo caso, si alguno de aquellos proyectos ahogados por la moratoria puede retomarse ahora.
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