Surge una nueva polémica en torno al caso Jet Set —la discoteca de Santo Domingo (R. Dominicana) cuyo techo se desplomó el pasado 8 de mayo, dejando 236 fallecidos— que podría salpicar al conglomerado turístico Grupo Puntacana. Después de que se haya hablado mucho de la falta de mantenimiento de la infraestructura, ahora acusan a la jueza que lleva el caso de tener vinculación con la mencionada compañía, que a su vez es socia en algunos proyectos de los propietarios de la discoteca afectada, los hermanos Espaillat.

El Grupo Puntacana es el mayor grupo turístico de República Dominicana, desarrolladores del principal destino turístico del país, Punta Cana, y ahora encargados del desarrollo turístico de Pedernales. Asimismo, gestionan el principal aeropuerto del país, que en 2024 superó los 10 millones de pasajeros.

De acuerdo con la información del diario N Digital, la jueza del caso, Fátima Veloz, es hija de Manuel Ernesto Veloz Valdez, quien ha sido presidente de la Asociación de Hoteles del Este (anteriormente Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este); Clúster Turístico de la Provincia La Altagracia; miembro de la Junta de directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores); del Fondo Hotelero, y ejecutivo del Grupo Puntacana, un cargo que ostenta en la actualidad; entre otras ocupaciones. 

Por su parte, las medidas de coerción impuestas por la jueza Veloz contra los hermanos Espaillat han generado polémica en el país, ya que la magistrada ha impuesto el pago de 50 millones de pesos y ha dejado en libertad a los propietarios de la discoteca. La justificación de Veloz ha sido que estos tienen un arraigo suficiente al tener un domicilio conocido, actividad empresarial estable, vínculos familiares y sociales en el país, al tiempo de no demostrarse que estos tengan facilidades para abandonar el territorio dominicano ni tienen antecedentes de evasión.

No obstante, uno de los abogados consultados por el medio anteriormente mencionado asegura que desde el inicio del procedimiento se habían detectado acciones irregulares en el tribunal, ya que el mismo nunca se verificó si las víctimas o los demandantes se habían convocado de forma regular. “Ninguno de los nuestros fueron nunca avisados del proceso, al igual que ninguno de los que tuve la oportunidad de conversar, que fueron muchos”, indica el letrado.

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