La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha calificado de “atentado a la libertad de empresa” la enmienda pactada entre el Gobierno de España y Junts que obligará a las compañías con más de 250 empleados o 50 millones de euros de facturación a atender a sus clientes en catalán, tanto de forma oral como escrita, en cualquier punto de España. La patronal advierte de que la medida, incluida en la Ley de Atención a la Clientela, afectará a más de 6.000 grandes empresas que concentran la mayor parte de la facturación y el empleo del país.
El acuerdo, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para asegurarse el apoyo de Junts en el Congreso, se aplicará a sectores considerados de interés general, como la energía o la banca, pero también alcanzará a empresas turísticas, por ejemplo, de transporte y alojamientos. Estas compañías deberán garantizar que los consumidores puedan presentar consultas, reclamaciones o incidencias y recibir respuesta en catalán si así lo solicitan.
Según El Español, desde la cúpula de la CEOE subrayan el alto coste operativo que supondrá para las empresas, tanto en la contratación y formación de personal como en la gestión de plantillas multilingües. Además, alertan de un posible “efecto dominó” que lleve a otras autonomías a reclamar el mismo trato para sus lenguas cooficiales, como el euskera o el gallego, con el consiguiente incremento de obligaciones para las compañías que operan a escala nacional o internacional.
Asimismo, la patronal reclama a los partidos que retiren la enmienda para evitar un golpe a la actividad de grandes compañías, incluidas las del turismo, un sector clave para la economía española.
En el ámbito político, el Partido Popular acusa al Gobierno de legislar en contra de la competitividad y el crecimiento económico.
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