El número dos de la Hacienda canaria incumple la Ley de Transparencia al no indicar que es consejero de una hotelera

En la declaración de intereses subida al Portal de Transparencia de Gabriel Megías Martínez, viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, no indicó que es consejero de Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A. (Ingertusa), la sociedad que gestiona la cadena hotelera Cordial.

En dicho portal del Ejecutivo regional declara carecer de actividad privada alguna, que en principio sería incompatible con el ejercicio de su cargo. La mentira deja a Mejías en una posición muy delicada, toda vez que Ingertusa recibió una subvención de 300.000 euros provenientes de fondos europeos y adjudicada por el Ejecutivo del que él forma parte, si bien por una consejería diferente a la suya, la de Turismo y Empleo.

Impuestos a la importación de bombones para hoteles

Pero Megías no es solo consejero de Ingertursa. Según Diario de Avisos, en el Registro Mercantil figura también como consejero de Andrés Megías Mendoza, S.A., empresa familiar matriz de la chocolatera La Candelaria y de Pastas La Isleña, corporación cuyas cuentas firmó como consejero en 2024 y a la que presuntamente habría beneficiado desde su acción de gobierno.

Así, el pasado 3 de agosto su departamento obligó a los hoteles canarios a pagar el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías) —instrumento fiscal que busca proteger la producción canaria frente a la importada— por los bombones y chocolatinas de bienvenida que ofrecen a los huéspedes, si no proceden de producción canaria, lo que deja en clara ventaja competitiva a los chocolates de La Candelaria, exentos de tal arbitrio.

Megías respondía a la consulta de una cadena hotelera, que pretendía eximir a los bombones importados del pago del arbitrio, dada la dificultad para adquirirlos de producción canaria. El viceconsejero dejó claro en su respuesta que las cláusulas privadas “no tienen ninguna incidencia en el hecho imponible” y que los convenios entre particulares “no producirán efectos ante la Administración”, por lo que los bombones foráneos seguirían gravados con el AIEM.

La normativa que rige las incompatibilidades de altos cargos en Canarias exige a los miembros del Gobierno dedicación exclusiva y prohíbe compaginar los ingresos públicos (81.163,80 euros anuales) con puestos directivos en sociedades mercantiles. Con ello se busca evitar confusión de intereses, salvo que exista una declaración expresa de compatibilidad, ausente en el caso de Megías.