Antonio Acosta, director general de Costas del Gobierno de Canarias, ha sido citado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona (Tenerife) como investigado en el procedimiento para determinar si se produjeron irregularidades al otorgar permisos al macrocomplejo Cuna del Alma para ocupar la franja de protección costera.

 Según informa ElDiario, la magistrada Sandra Peraza ha convocado a Acosta —quien asumió el máximo cargo en competencias de Costas desde que el Estado se las cedió a Canarias en enero de 2023— a declarar el próximo 14 de septiembre.

Se suma a otro alto cargo del departamento, como Valeriano Díaz, jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental, y a los administradores de la empresa promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje SL (promovida por las familias belgas Vandermarliere y van Biervliet), quienes declararán el 13 de agosto. Asimismo, acudirán en calidad de testigos José David Marín, jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Gobierno canario, y Francisco Javier Carrancho, técnico de la Dirección General de Costas, quienes comparecerán el 16 de julio.

Presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medioambiente

La causa penal, impulsada tras recursos presentados por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre y por la Fiscalía, investiga la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medioambiente en la tramitación del expediente por el que la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario dio permiso para construir una piscina descubierta, un restaurante y un parking en una parcela de 2.394 metros cuadrados en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, la situada en los primeros 100 metros de litoral. La resolución, dictada en enero de 2025, aludía a que las instalaciones eran “convenientes” para el modelo económico canario basado en el turismo.

Esta resolución fue clave para que, en un primer momento, se archivara la causa contra el proyecto y dio alas al avance de unas obras en la franja protegida que fueron paralizadas de forma cautelar por la propia Peraza el pasado 8 de abril de 2026.

No obstante, la jueza se ha negado a extender la suspensión cautelar a todo el proyecto, algo que pedía la acusación popular ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre. Y es que cabe recordar que el complejo al completo supone la intervención en 400.000 m² de superficie, con la construcción de 420 apartamentos y villas de lujo, restaurantes, spa, una playa semiprivada y hasta una granja propia.

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