El Parlament de Islas Baleares prevé aprobar el próximo martes la ley de cogestión aeroportuaria, una iniciativa que pretende otorgar a las instituciones autonómicas mayor capacidad de influencia en aspectos estratégicos como el volumen de vuelos, la planificación aeroportuaria o las tarifas. La norma, que deberá ser posteriormente validada en el Congreso, llega en un contexto de creciente debate sobre el impacto del tráfico aéreo en el territorio.

El texto plantea la creación de un Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares con participación del Estado, Aena, el Govern, los consells insulares y ayuntamientos, además de representantes empresariales y sindicales. Este órgano tendrá entre sus funciones supervisar la calidad del servicio, analizar la conectividad aérea y participar en la definición de la estrategia del sistema aeroportuario, reuniéndose al menos dos veces al año.

Según detalla Diario de Mallorca, uno de los elementos clave de la propuesta es que el comité podrá emitir informes vinculantes sobre cuestiones como los planes estratégicos, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) o la capacidad de carga de los aeropuertos del archipiélago, lo que permitiría a Baleares incidir directamente en decisiones hasta ahora centralizadas.

La iniciativa también contempla la posibilidad de formular propuestas sobre tarifas, bonificaciones e infraestructuras, así como acceder a información económica detallada de Aena. Además, el comité elaborará un informe anual sobre el impacto de la actividad aeroportuaria en aspectos como el medio ambiente, la movilidad o la calidad de vida, con el objetivo de plantear medidas correctoras.

El impulsor de la ley, Lluís Apesteguia, ha defendido que se trata de una “herramienta muy ambiciosa” para avanzar en autogobierno y ha subrayado que los aeropuertos “no pueden ir en contra de la ciudadanía y a favor del capital”, apelando a un amplio consenso político para su aprobación definitiva.