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La Comisión Europea anunció el 4 de junio que iniciará un expediente sancionador contra España al considerar que el conocido como registro de viajeros (RD 933/202) vulnera la normativa sobre protección de datos.
La decisión de Bruselas ha desatado numerosas reacciones por parte del sector turístico español, con una sensación unánime de satisfacción y llevándolos a exigir al Gobierno central que elimine esta normativa.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que encabezó la queja ante las instituciones europeas, ha remarcado que la decisión “no supone ninguna sorpresa” y remarcan que el expediente “da la razón al sector turístico frente a un reglamento inaplicable”, algo que, añaden, llevan avisando desde 2022.
Han aprovechado la decisión de la CE para exigir la “inmediata derogación” y la apertura urgente de una mesa de diálogo constructivo que incorpore a todos los agentes implicados. “Este expediente europeo ha de provocar un cambio radical en la legislación que permita construir juntos una España más segura para todos”, ha remarcado Jorge Marichal, presidente de CEHAT.
Por su parte, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) esgrimen que, si la Comisión Europea considera que determinados aspectos de la normativa española pueden vulnerar la legislación europea de protección de datos, “el Gobierno debe analizar con rigor las objeciones planteadas y abordar una revisión en profundidad del sistema”.
Han recordado algunas de las críticas que pesan sobre el registro, como su desproporcionalidad —tanto por la cantidad de información exigida, como por el deber de conservarla tres años—, la duplicidad de información, el incremento de las cargas y los costes administrativos y los riesgos en el tratamiento de los datos personales. “Por este motivo, desde CEAV se continúa exigiendo la exención de las agencias de viajes de este Real Decreto”, han apuntado.
